Es uno de los problemas más graves que afronta nuestro país es la inseguridad ciudadana , según reveló la Encuesta Nacional Especializada sobre victimización 2017 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI ).
El alto grado de delincuencia y violencia ha hecho además que un 10,2% haya decidido modificar sus hábitos para contrarrestarla.
Así también la ola delictiva que se acrecienta día a día, ha traído como consecuencia que un 39,4% haya descartado salir de noche y un 25.3% no lleva mucho efectivo cuando está en la calle. En tanto, un 9,5% no porta tarjetas de crédito o débito así como un 5,2% no utiliza joyas.
El 87.3% de los delitos no son denunciados, según INEI
Pese a las políticas y medidas de seguridad que ha adoptado el Gobierno, hay un 17,9% que no deja su casa sola, e increíblemente un 6.4% ni siquiera sale a caminar.
Incluso, un 12,4% no deja que sus niños salgan solos a la calle si no es en compañía de un adulto.
Este problema afecta al clima de negocios al generar sobrecostos a las organizaciones en temas de seguridad a todo nivel: instalaciones, recursos materiales, recursos humanos, medios informáticos, entre otros. También influyen negativamente en la conducta de los consumidores, al limitar la demanda de ciertos productos que consideren que sean potencialmente objeto de actos delincuenciales en sus diversas modalidades. Veamos cómo deberíamos enfrentar este flagelo en el Perú.
Debemos entender que la lucha contra la inseguridad ciudadana parte por enfrentar a la corrupción y contar con la participación activa de la población organizada, como apoyo a la Policía Nacional, el fortalecimiento del serenazgo municipal y la inversión en tecnologías de punta para vigilar las 24 horas del día las calles.
Asimismo, se debe combatir los casos de informalidad en el servicio de vigilancia privada y combatir los focos de corrupción en la adquisición ó provisión de armas de fuego a los delincuentes. También establecer mecanismos para contar con un Poder Judicial justo, que aplique a cabalidad las penas en los casos de actos delincuenciales, sancionando eficazmente a los delincuentes y defendiendo a los ciudadanos y efectivos de las fuerzas del orden que, en legítima defensa o cumpliendo su deber, abaten a los delincuentes.
Debemos desterrar los planteamientos que pretenden limitar o restringir el uso de armas a la población civil para disminuir los actos delincuenciales. Además de inconstitucionales, estos planteamientos están completamente equivocados, dado que los delincuentes se abastecen de armas del mercado negro. Por eso, tal medida solo perjudicaría a los ciudadanos honestos que desean ejercer un derecho constitucional, como lo es el de la legítima defensa y seguridad personal, obteniendo legalmente sus licencias para portar y usar armas de fuego.
En tal sentido, con una estrategia adecuada para enfrentar la inseguridad ciudadana, desterrando los planteamientos equivocados que obedecen más a posturas coyunturales de tipo político que a fundamentos técnicos y legales, podremos disminuir los índices de actos delincuenciales en nuestro país. Con ello daremos tranquilidad a la población y crearemos un clima de negocios adecuado y atractivo para los inversionistas, tanto locales como extranjeros.
